La estrategia de identificación parroquial se desarrolló originalmente en el contexto de los errores de las políticas federales y estatales que fomentaron el miedo entre los inmigrantes. Sin un camino hacia la legalización para millones de inmigrantes listos para aceptar las responsabilidades de vivir en Estados Unidos, los cambios en la ley estatal de Texas aumentaron la vulnerabilidad de las familias y las comunidades.
En 2008, Texas comenzó a exigir que las personas que buscaban una licencia de conducir demuestren prueba de residencia legal. Además, se detuvo la renovación de licencias para inmigrantes que no contaban con esta prueba. En 2017, Texas aprobó el Proyecto de Ley 4 del Senado, que permite a los agentes policiales consultar sobre el estado migratorio y solicitar prueba de residencia legal. Esto obligó a las agencias policiales locales a cooperar con las autoridades federales de inmigración.
Los obispos y el clero de la Diócesis Católica de Dallas y Dallas IAF (DAI) decidieron negociar el reconocimiento de las tarjetas de identificación parroquiales por parte de las fuerzas policiales locales. Convocaron a una asamblea con 1.500 miembros de la comunidad para presionar a los jefes de policía locales a participar en un nuevo programa que permitiría a los inmigrantes conducir sus vehículos al trabajo y llevar a sus hijos a la escuela sin temor a ser deportados. Específicamente, la comunidad buscó acuerdos públicos con los jefes de policía para aceptar tarjetas de identificación emitidas por la parroquia para ayudar a los inmigrantes a evitar la toma de huellas dactilares y la detención por mandato legal al no presentar una identificación emitida por el estado. Bajo la mirada atenta de miles de inmigrantes (y no solo de los que participaron solidariamente), tres jefes de policía dieron su consentimiento.
Desde entonces, se han instituido acuerdos con las fuerzas policiales dentro de las Diócesis de Dallas y Brownsville en Texas, lo que reduce el riesgo de deportación para decenas de miles de inmigrantes.